Los silencios de la democracia

 

Cuando uno se siente como ciudadano de un país reconoce como punto de partida la legitimidad de toda norma que impone un comportamiento admisible y aceptable por todos, es decir un comportamiento racional y razonable. En efecto, la letra de muchas Constituciones (por no decir de todas), y de algunas leyes, demanda a todo ciudadano una franca colaboración con el Estado, particularmente en aquellos casos como el denunciar a un criminal o a quien atente flagrantemente contra la seguridad social o política de una comunidad. Circunstancia ésta que parece obvia en aquellas democracias que cada día aspiran a transformar y mejorar sus instituciones en beneficio del bien común. Son aquellas democracias que entienden que las instituciones (la política en general) son medios para justificar el fin de la igualdad o de la equidad o de la prosperidad colectiva. Lo anterior hace justo la solidaridad y la colaboración de todo ciudadano con el buen funcionamiento del Estado en la administración de la justicia.

Pero en aquellas democracias donde sus funcionarios invierten el principio para entender que el fin justifica cualquier medio, no podemos los ciudadanos confundir la prudencia y la cordura con la resignación. No parece discutible que estemos dispuestos a combatir lo que detestamos pero sin destruir indiscriminadamente lo que ya hemos conseguido desde un par de siglos. Pasar sutilmente del cumplimiento de los deberes del ciudadano al pago de recompensas (que no es otra cosa que un ánimo de lucro) no sólo viola la Constitución Nacional sino que pone sobre el tapete la incompetencia del Estado, la insolidaridad o el temor y la desconfianza del ciudadano (por la notoria infiltración criminal de los órganos de represión y de control) ante las instituciones que lo representan. Eso de estimular al ciudadano al pago de grandes sumas para que por mano propia entregue  (¡vivo o muerto!) a cualquier delincuente, es un arma de doble filo que puede inducir a una consentida delincuencia paralela como un medio (en un país empobrecido) de enriquecimiento “lícito” que recuerda los azarosos tiempos del Oeste norteamericano. Se nos va infiltrando la tenebrosa ley del Talión o la ley salvaje del ‘se busca vivo o muerto’, por medio de las cuales el Estado implícitamente cede en parte el monopolio de la fuerza de la justicia y de las armas.

No todos los medios son válidos en una democracia para conseguir algún fin por loable que sea. No se puede violar, por ejemplo, la soberanía de un Estado en aras de cualquier justificación, ni pagar por la comisión de delitos o asesinatos a sangre fría en aras de la eficacia contra cualquier forma delincuencial o terrorista. Estas cosas no pueden ser auspiciadas por un Estado que se declare democrático y respetuoso de la Constitución y las leyes. A pesar de que en las acostumbradas encuestas que reemplazan a las sensatas opiniones, florezcan los aplausos. Aunque no compartamos la brutalidad criminal de las diferentes bandas de cualquier pelambre que pelechan en media Colombia, de quienes creen que con sus actos de barbarie o de terrorismo lograrán destruir todo lo que les venga en gana, no podemos responder tan radicalmente o con sus mismos métodos de manera que nos llevemos ‘de canto’ el régimen democrático que hemos venido construyendo con pena y dolor. Nuestros gobernantes no pueden mantener la Constitución y las leyes (nacionales e internacionales) en el bolsillo para sacarlas cuando conviene. El fanático por la guerra, cualquiera que ella sea, es un sepulturero de la historia cuya fuerza de voluntad lo delata en su debilidad. Es bien cierto que la democracia siempre tiene enemigos por todos los costados.